En Argentina, la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y vasectomía en los servicios del sistema de salud. Para ello, sólo es necesario ser mayor de edad y brindar consentimiento informado. Aunque en el texto de la norma se aclare expresamente que no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, aún hoy, a 16 años de su sanción, es frecuente que se nieguen procedimientos o que se obstaculice el acceso a los mismos solicitando “aptos” psicológicos y/o “permisos” de las parejas o progenitores.
Una cantidad deleznable de profesionales esgrimen como argumentos la edad de quien la solicita y/o el no tener hijxs (o “no tener suficientes”), augurando arrepentimiento, vulnerando derechos, violentando la libertad reproductiva y avasallando la autonomía de quienes se aproximan al sistema de salud y se encuentran con cuestionamientos, requerimientos arbitrarios o negativas.
Se trata de restricciones que no responden a causas médicas sino a un comportamiento paternalista anclado en opiniones personales cargadas de estereotipos de género que redundan en la infantilización, tutelaje y apropiación de los cuerpos de las mujeres, reforzando la maternidad como mandato social y como destino ineludible. Como expresa la socióloga Orna Donath, el arrepentimiento futuro se representa como el peor escenario posible, peor que un nacimiento no deseado; una sociedad que retrata la no maternidad como algo peligroso e intrínsecamente lamentable, logra dotar de un marco que restrinja la vida de las mujeres aun cuando su experiencia subjetiva de la no maternidad pueda llegar a trascender en complejidad ese razonamiento.
(*) Natalia S. Liguori
Psicóloga Perinatal (MN 47.600 • MP 96.341)
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Natalia Liguori 